En Venezuela hay unos 64 fiscales encargados de investigar los casos de abusos, malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ajusticiamientos cometidos por presuntos agentes policiales y efectivos militares; y en 2008 cada uno de esos funcionarios debió conocer 174 casos en promedio.
El dato figura en el primer informe que el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal presentará hoy, en el cual se afirma que el hecho de que en el país solamente haya 32 fiscalías encargadas de investigar las violaciones a las garantías fundamentales dificulta las sanciones contra quienes atentan contra los derechos humanos.
La crítica se produce días después de que se conociera el contenido del reporte que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, debe presentar anualmente al Parlamento. En dicho documento consta que de las 9.610 causas de violaciones a los derechos fundamentales ejecutados por presuntos agentes del orden público que procesó la instancia garante de la legalidad en 2009, solamente presentó acusaciones en 315 casos; es decir 3,28% del total.
En el texto se recomienda al Ministerio Público que publique "todos los informes, métodos y conclusiones" de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, para así evitar la impunidad.
El Observatorio, instancia integrada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y por organizaciones de derechos humanos de distintos estados del país, da cuenta de que la situación de saturación de trabajo no afecta únicamente a los fiscales que investigan los abusos policiales, sino a todos. En el reporte se revela que en el año 2008 1.300 fiscales debieron tramitar 260 mil denuncias; es decir cada uno tuvo que conocer 192 expedientes en promedio.
Para que esta situación cambie, en el informe se reclama de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia que vele por "la aprobación de un presupuesto que permita el adecuado funcionamiento y mejoramiento del Ministerio Público, el cual debe incluir la formación del personal existente y la contratación del que se requiera".
La Comisión del Sistema de Justicia está integrada por el Tribunal Supremo, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Asamblea Nacional y del Gobierno.
Fallas en tribunales
Como ya se reseñó en la edición de ayer de este diario, en el informe el Observatorio también cuestiona el número de jueces penales que hay en el país, pues al compararlo con el existente en otros países de la región se observa que Venezuela se encuentra en los últimos lugares.
En Uruguay hay 15,5 árbitros por cada 100 mil habitantes y en Colombia hay 9,2, pero en el país apenas hay 4,7.
Esta situación atenta contra la celeridad con la que el Poder Judicial debe dar respuesta a los asuntos que conoce, se advierte en el reporte, en el cual se informa que cada juez penal conoció 316,6 casos en promedio a lo largo de 2009.
De la misma manera se critica esta situación, por cuanto en los últimos años al Poder Judicial le han sido asignados fondos por encima de 2% del presupuesto nacional que obliga la Constitución, pero los mismos "no han contribuido a mejorar las deficiencias" que aquejan a los tribunales.
Por último, se fustiga la manera como están distribuidos los jueces y específicamente el hecho de que Aragua y Carabobo no tengan más de estos funcionarios, a pesar de ser las entidades con índices de criminalidad más altos. En el primer estado los tribunales penales recibieron un promedio de 853 expedientes, mientras que en el segundo conocieron 779.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL