Aunque la Constitución de 1999 contiene grandes avances en materia de derechos humanos, la interpretación que ha hecho la Sala Constitucional del TSJ de la Carta Magna ha impedido su correcta aplicación y, por lo tanto, el disfrute de estos derechos en Venezuela, sostiene el abogado constitucionalista Carlos Ayala Corao.
"Lo que vemos en estos diez años es cómo la jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha encargado de desdecir lo que la Constitución dice", afirmó Ayala durante su intervención en el conversatorio a propósito del décimo aniversario de la aprobación del texto fundamental vigente, organizado ayer por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en los espacios de esa institución.
Ayala indicó que el TSJ ha colocado el concepto de soberanía de Estado por encima del respeto a los tratados internacionales -que tienen rango constitucional- cada vez que toma una decisión. También acotó que las sentencias de la Sala Constitucional han derivado en la restricción de varios derechos, especialmente los relacionados con la libertad de expresión.
El director de Provea, Marino Alvarado, coincidió con Ayala Corao al advertir que la actuación del TSJ lesiona los derechos humanos, pues la Sala Constitucional no ha trabajado para ampliarlos; así como tampoco ha dado señas claras a las instituciones estatales de cómo comportarse en esta materia.
"Creo que la Sala le hace bastante daño al país cuando plantea desconocer las sentencias de la Corte-IDH, en especial a los más necesitados que son los que acuden con mayor frecuencia a los órganos internacionales, (...) igualmente anima a los transgresores a continuar violando los derechos humanos", dijo.
Otra de las críticas a la labor de los magistrados tiene que ver con la diferenciación que han hecho entre los distintos tipos de derechos que existen.
"El generar una antinomia entre éstos y jugar con que la Convención Americana defiende derechos pretéritos, civiles y políticos, versus los principios fundamentales de la revolución, derechos culturales y colectivos, es un elemento grave", aseguró el director del Centro Gumilla, Arturo Peraza (sj).
Pobre ejecución La puesta en marcha de los programas sociales que garantizarían los derechos de los venezolanos fue calificada como deficiente por los académicos.
Si bien Alvarado admitió que hay progreso en materia de educación y redistribución de tierras, explicó que las iniciativas adelantadas por el Gobierno en las áreas de salud, vivienda y trabajo son ejecutadas ineficientemente.
"Este es un Gobierno que ha tenido un discurso a favor de los pobres, pero tiene una gran incapacidad, deficiencia e inefeciciencia para ejecutar políticas que son muy buenas", opinó.
Para el director de Provea es necesario que la comunidad participe en la creación de programas en las áreas que presentan fallas para mejorar el desempeño gubernamental.
Sin embargo, Peraza agregó que la participación real se dificulta cuando no hay acceso a la información estadística, que puede dar luces sobre los problemas que presentan algunas políticas o cuando la misma es sustituida por publicidad.
"Hay que exigirle al Estado que brinde información veraz y oportuna, ya que la inexistencia de ésta atenta contra la participación ciudadana", sentenció.
Rebeca Fernández
EL UNIVERSAL
Fuente: El Universal, miércoles 8 de Julio de 2009