Entrevista // Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela
"Los ciudadanos somos parte del Estado y tenemos derecho a participar en su construcción y eso sólo es posible con información"
Cada día que pasa para los venezolanos es más difícil conocer el sueldo de los ministros del Gobierno, cuáles son las condiciones en las que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se compromete a suministrar crudo a otras naciones, cuántas personas fallecen a causa de la delincuencia o el número de casos de dengue en el país, pues los funcionarios públicos que manejan esa y otras informaciones se niegan a suministrarlas.
Hoy cuando se conmemora el Día del Acceso a la Información Pública, Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, resalta la importancia de contar con estadísticas y datos oficiales y reclama de los ciudadanos que insistan en pedirla.
-¿Hace dos años se conformó la Coalicción Pro Acceso a la Información Pública, de la cual la organización que representa es parte, han registrado algún avance en el ejercicio de este derecho?
-Cada día más información pública está reservada, no se produce y la que se produce no es confiable. Hay menos acceso a la información y menos confiabilidad. Eso es una característica de todas las instituciones del Estado. Nos preocupa mucho que cada día desde el Estado se considere que la información en su poder es una información que se debe utilizar a discreción por parte de los funcionarios y que no se entienda que es propiedad de los ciudadanos. Nos preocupa que no se entienda que no hay manera de asumir la ciudadanía, de hacer contraloría social y evaluar la gestión pública sino hay información.
-¿Por qué ocurre esta situación?, ¿cuál es la razón?
-Los funcionarios afirman que si publican información ella va a ser utilizada en su contra por los enemigos, lo cual prefigura una concepción de la democracia muy distinta a lo que nosotros consideramos democracia. Los ciudadanos no somos enemigos, somos parte del Estado y tenemos el derecho constitucional a participar en su construcción y eso sólo es posible con información pública.
Por otra parte, de dónde sacan los funcionarios que tienen derecho a reservarse información. Los organismos internacionales, de los que Venezuela es parte, le están exigiendo a los estados la mayor publicidad en sus decisiones y que la reserva esté explicada. Sólo por seguridad de Estado se puede reservar información pero ese concepto no puede abarcar cuánto se invierte en armas, cuánto cuestan las botas de los militares ni cuánto se gasta en comida o medicina en la Fuerza Armada Nacional, por ejemplo.
Además, particularmente creo, que si no quieren mostrar los datos es porque están ocurriendo cosas extrañas o no tienen resultados positivos que exhibir.
-Pero los particulares no son los únicos que tienen problemas para acceder a la información, algunas instituciones del Estado también.
-Cierto, si alguien lee el informe que el Estado, a través de la vicecontralora, presenta en la Convención contra la Corrupción dice que no pueden responder muchas cosas porque no consiguieron información. Estamos hablando de un nivel de ineficiencia muy alto o de una ausencia en la valoración de la información. Pareciera que los decisores del Estado no le dan importancia a la información y los datos para tomar decisiones.
-Ciertamente los funcionarios no suministran información, pero los tribunales tampoco los sancionan. ¿No son cómplices de esta situación?
-Sí, pues no existe Estado de Derecho sin un sistema judicial que lo haga cumplir. Uno de los graves problemas que tenemos es que los funcionarios se sienten invulnerables, porque no los sancionan cuando incumplen sus obligaciones. Sin embargo, más allá de que los tribunales no respondan hay que acudir ante ellos. Hay que hacer que el sistema funcione, porque lo hemos visto en otros países, cuando retas al sistema éste comienza a moverse. No todo el mundo está de acuerdo con ocultar información y muchos héroes anónimos comienzan a suministrarla, aún a costa de su trabajo. Además es necesario agotar las instancias nacionales para acudir a las internacionales.
-¿Pero no han detectado ningún avance?
-Sí, a nivel local y regional estamos viendo algunos esfuerzos. En los estados Miranda y Nueva Esparta se aprobaron leyes de transparencia y acceso a la información pública. Además cinco municipios están elaborando sus ordenanzas, pero para que esto sirva para algo es necesario que los ciudadanos la pongan en práctica.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL