Familiares de las víctimas cuestionaron que no participen expertos foráneos
Desatendiendo la demanda de los familiares para que participaran expertos forenses extranjeros, ayer el Ministerio Público inició el proceso de exhumación de los restos de las víctimas de El Caracazo.
"El Estado venezolano no solamente va a exhumar los cadáveres, sino que también adelantará un proceso necesario para lograr la identificación total de las víctimas a través de instrumentos idóneos y una vez identificados se procederá a la entrega de los restos a sus respectivas familias para que sean debidamente sepultados", aseveró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al dar inicio al proceso de apertura de los nichos ubicados en el sector La Peste del Cementerio General del Sur.
Tras defender la decisión de su despacho de no convocar a especialistas extranjeros, indicando que los nacionales "tienen idoneidad y gran experiencia", la funcionaria la emprendió entonces contra el equipo de forenses y antropólogos argentinos que a principios de la década estuvo colaborando con las primeras investigaciones relacionadas con los sucesos de febrero y marzo de 1989, pues, según ella, "tardaron un año en exhumar los cadáveres y no lograron nada; lo que hicieron fue depositarlos en estos nichos y no hubo respuesta".
Los expertos sureños hallaron 68 cuerpos en La Peste e identificaron y entregaron tres a sus familiares.
Ortega Díaz informó que la labor de exhumación no se limitará a los nichos, sino que también a aquellas áreas donde se presume se abrieron fosas comunes para enterrar a los asesinados durante los disturbios que se registraron en Caracas dos décadas atrás.
Familiares se dicen ignorados Los parientes de los fallecidos en El Caracazo que se encuentran agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) cuestionaron la postura del Ministerio Público, de no invitar a expertos internacionales; y lo acusaron de desacatar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tribunal hemisférico, en la sentencia donde condenó al Estado por estos hechos, le ordenó permitirles a los allegados participar en todas las fases de la investigación.
Para manifestar su disgusto con la posición de la Fiscalía, una docena de allegados integrantes de Cofavic se presentaron a las nueve de la mañana en el cementerio. Sin embargo, durante más de una hora les impidieron acceder hasta La Peste.
Una vez que les permitieron llegar al lugar donde se encontraba la fiscal general, acompañada por el director de la policía científica, Wilmer Flores Trosel; el comandante del Ejército, general Juan Vicente Paredes; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, allí fueron abucheados e insultados por algunos de los presentes, quienes no dudaron en calificarlos de "asesinos" y "golpistas".
La presidenta de Cofavic, Aura Liscano, cuyo hermano José fue uno de los asesinados, afirmó: "Fue una falta de respeto y un abuso del Ministerio Público no habernos convocado a nosotros, los familiares de las víctimas de esos sucesos, y por eso fuimos, para dejarles en claro que existimos".
Recordó lo ocurrido con el caso de Eleazar Mabare para justificar la desconfianza de Cofavic en los expertos nacionales. Mabare, un joven asesinado en El Caracazo, fue enterrado por sus padres a los días de los hechos, pero en 1991 la Medicatura Forense aseguró haberlo identificado en La Peste. Sin embargo, luego de desenterrados los cadáveres y realizados los estudios se comprobó que la versión de las autoridades policiales era incorrecta.
Liscano también cuestionó la decisión de la Fiscalía de enviar a un galpón de Fuerte Tiuna los restos que se hallen en las exhumaciones.
"Si los militares fueron los que actuaron el 27 de febrero y los que cometieron los crímenes cómo van a ser ellos que custodien las evidencias", indicó, al tiempo que se preguntó: "¿Por qué no los envían a la Facultad de Medicina de la Universidad Central, por ejemplo?".
Sobre el particular, minutos antes, la fiscal general señaló que los restos irán a la instalación militar porque se requería un espacio grande para que los expertos puedan realizar su labor y aseguró que los uniformados no tendrán acceso a los huesos, pues ellos serán custodiados por agentes de la policía científica (Cicpc) y funcionarios de su despacho.
jalonso@eluniversal.com
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
Diario El Universal, Martes 22 de Septiembre de 2009