Hoy, "La Bicha", como el presidente Hugo Chávez bautizó a la Constitución que impulsó, celebra la primera década de su aprobación y con ella también el despacho que dirige Gabriela del Mar Ramírez: la Defensoría del Pueblo.
Mientras algunos denuncian que las disposiciones del texto fundamental no han sido plenamente aplicadas, otros ya hablan de realizarle ajustes, en este último grupo se encuentra la encargada de velar por los derechos humanos de todos los venezolanos. No obstante, la funcionaria continúa considerando a la Carta Magna como "de avanzada" y no duda en aseverar que gracias a ella se ha podido reducir la pobreza en estos años.
-¿Cuál es el balance que hace de esta década de vigencia de la Constitución de 1999?
-Es positivo. En el tema de educación y salud hay grandes avances. En salud se han construido 7 mil centros de salud, de los cuales 6.500 son consultorios populares, es decir, se ha creado una red primaria de salud en todo el país que está cerca a los sectores excluidos y también se han instalado 400 centros de diagnóstico. En el tema de educación hemos pasado de una inversión de 3% del Producto Interior Bruto (PIB) a 6,3% en 2009 y somos el quinto país del mundo con mayor tasa de matriculación universitaria bruta.
La inclusión del lenguaje de género en la Constitución y el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos con plenos derechos desde los ocho años de edad son otros aspectos de avanzada a destacar. Lo mismo que el acceso al agua potable. Nosotros ya superamos las Metas del Milenio, las cuales exigían que la mitad de la población tuviera acceso al agua potable y Venezuela está en 92%.
En una década desde que se aprobó la Constitución la pobreza se ha reducido desde 55,4% a 31,6% y la pobreza extrema se redujo en 16 puntos. Esto es un logro de la Constitución, porque la Constitución no sólo tiene su catálogo de derechos, sino que también tiene una serie de mandatos para garantizarlos (...) Nuestra Constitución es letra viva porque ella tiene contenido prestacional, no es sólo una carta de principios.
-¿Qué le cambiaría a la Carta Magna?
-En la Constitución quedaron aspectos que preservaron una línea conservadora. Por ejemplo la posibilidad de que el régimen penitenciario esté en manos de un privado. La posibilidad de que las cárceles sean privatizadas está contemplada en la Constitución. ¿Alguien se imagina que la privación de la libertad se convierta en un negocio? Algo similar ocurre con recursos naturales como los hidrocarburos o el agua. Esos aspectos hay que cambiarlos, esas compuertas deben ser cerradas. Se debe blindar la soberanía del país en aspectos sustantivos, porque ellos no se pueden convertir en un negocio.
-En su reciente informe anual el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo que, con esta Constitución y con los recursos administrados por el Estado en estos años, se ha podido hacer más para resolver los problemas del país.
-Yo discrepo de Provea. Se ha mucho, pero ciertamente podemos hacer más (&) Se hubiera podido hacer más si todos los sectores sociales, como esas organizaciones no gubernamentales o la oposición, hubieran concursado en la construcción de otro país. En ese escenario posiblemente habríamos avanzado más.
-La presidenta del Tribunal Supremo, magistrada Luisa Estella Morales, ha propuesto revisar el principio de división de poderes alegando que debilita al Estado. ¿Esto no es la confirmación de que Venezuela se dirige hacia una dictadura?
-Lo que nos ha demostrado la práctica es que si yo estoy por mi lado señalando las fallas del Gobierno, el TSJ está por allá administrando justicia, el Ministerio Público está por otro lado imputando y el Ejecutivo desarrolla sus políticas públicas sin hablar con nadie, divididos, entonces no tenemos la capacidad suficiente para incidir sobre los problemas.
Mi experiencia como legisladora me reveló que en el tema de niñez hace falta un ente rector donde nos sentemos todos los poderes, porque la Fundación del Niño de Falcón tiene un programa, el Consejo de Derechos del Niño de Caracas tiene otro y el Instituto Nacional de Atención al Menor está con otro. Cantidades de miles de millones de bolívares se van y los niños siguen sin sus derechos garantizados. Necesitamos una mesa, tal y como ya ocurre con el Consejo Superior Penitenciario o con el nuevo modelo policial.
-Pero la Constitución ya establece que las distintas ramas de los poderes públicos deben colaborar entre ellos, entonces ¿qué es lo que hay que reformar?
-Tenemos que fortalecer las instancias de articulación, porque con todo y que esto se está haciendo (los poderes se están reuniendo para abordar determinados problemas), hay que repetir esas iniciativas en otras materias. El principio de separación de poderes es muchas veces utilizado como una excusa para no concurrir a instancias de cooperación y no lo digo por las máximas instancias, sino en niveles regionales y locales.
Juan Francisco Alonso
Fuente, El Universal, miércoles 16 de diciembre de 2009